En un comunicado, precisó que la queja fue presentada por parte de Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada federal; Juan Manuel Fócil Pérez, senador de la República; y Adriana Díaz Contreras, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria de dicho instituto político.
En la queja, los perredistas refieren que al subordinar el mando civil al mando militar el Estado mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que los órganos de seguridad pública deben estar en manos de civiles y no de militares.
Manifestaron que el actuar de la fuerza militar en tareas de seguridad pública será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada, sin embargo, resulta alarmante que no se definan los protocolos para que dicha actuación evite la violación de los derechos humanos.
«Ni ese acuerdo presidencial -advirtieron- ni la estrategia general de seguridad han definido los métodos para evitar el desbocado feminicidio, el asesinato de periodistas y de luchadores sociales, los secuestros y los frecuentes hechos de violencia que vive México, aún en las condiciones por la pandemia del coronavirusâ€.
Precisaron que la queja ante la CNDH tiene como objetivo el reconocimiento de que la estrategia militar ya fracasó desde que el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al tráfico de drogas.
«La finalidad -añadieron- es que el Presidente de la República no vuelva a tropezar con la misma piedra, porque los que pagamos las consecuencias somos todos. Para evitar más sufrimiento hemos llamado a un diálogo nacional para darle una salida democrática e integral a la crisis de seguridad que estamos viviendoâ€.