Invalida Corte decretos del 2018 contra autoridad municipal de Reynosa

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Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022

SE INVALIDAN PARCIALMENTE LOS DECRETOS QUE NO APROBARON LA CUENTA PÚBLICA 2018 DE DIVERSOS ENTES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó parcialmente los Decretos que no aprobaron la Cuenta Pública 2018 de diversos entes adscritos al municipio de Reynosa, Tamaulipas, debido a que el Congreso local excedió sus facultades.

A través de la controversia constitucional, el municipio planteó se analice la calificación que hizo el Congreso del Estado de Tamaulipas respecto de las observaciones no solventadas a la Cuenta Pública 2018 y en la que determinó instruir a la Auditoría Superior del Estado inicie el procedimiento resarcitorio y administrativo.

Al respecto, la Sala determinó que el Congreso local excedió sus facultades al instruir a la Auditoría Superior del Estado que inicie el procedimiento resarcitorio y administrativo pues corresponde al propio órgano técnico de fiscalización determinar las responsabilidades. En cambio, la facultad del Poder Legislativo constituye un ejercicio de rendición de cuentas previsto en el orden constitucional del estado.

Se explicó que la Constitución local establece la facultad del Congreso del Estado para calificar la cuenta pública, pero la calificación no puede tener ninguna consecuencia jurídica, sino únicamente consecuencias políticas, pues dichas calificativas denotan el resultado del análisis que realizó el órgano legislativo a partir de los informes que les presentó el órgano fiscalizador.

Por otra parte, la Sala determinó que el municipio de Reynosa carece de interés legítimo para reclamar en la vía intentada diversos oficios emitidos por el ente fiscalizador en la auditoría especial del ejercicio 2018 del ayuntamiento de Reynosa, del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Lo anterior debido a que el municipio no plantea un genuino problema de invasión de competencias o una violación al orden federal, susceptible de defensa a través de la controversia constitucional.

Controversia constitucional 27/2021, resuelta en sesión de 11 de mayo de 2022.

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