Alerta desestimada

Golpe a golpe

 

Alerta desestimada

+ Los panegiristas de López Obrador endosan problema de inseguridad

+ Persecución de delitos federales, es responsabilidad de la FGR y SSP

 

Por Juan Sánchez Mendoza

 

Los aduladores de Andrés Manuel López Obrador que trabajan en los consorcios de la televisión privada allá en la Ciudad de México, son tan torpes que, otra vez, recurren a la descalificación de servidores públicos estatales, ya que así pretenden atenuar los tropiezos del Gobierno Federal en su combate a delincuencia organizada.

Para esos lisonjeros, cuanto suceso violento registran los municipios vecinos de la Unión Americana, no debe alarmar a la población; y menos las autoridades estatales y municipales.

Según ellos, éstos no sólo deben dar la voz de alerta, sino manejar la situación discretamente, aun cuando resulta claro que el clima de terror se da, precisamente, por la presencia de distintos grupos de hampones que se disputan el control de las zonas ante la incapacidad de las corporaciones federales para perseguirlos y diezmarlos, siendo que es de suyo responsabilidad atender lo relacionado con el narcotráfico, contrabando, tráfico de indocumentados, secuestros y todo lo que sean delitos federales.

Basta analizar las estadísticas para confirmar los tropiezos que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal en su cometido que, de manera irresponsable, los panegiristas del Presidente tratan de disfrazar, culpando del terror a los alcaldes y mandatarios, quienes constitucionalmente sólo tienen atribuciones para prevenir y perseguir ilícitos del orden común y nunca los federales, porque entonces sí estarían quebrantando la ley.

De ahí que las declaraciones vertidas por algunos conductores de noticieros televisivos sean consideradas parte del juego sucio que se les ha ordenado poner en práctica en contra de todo detractor presidencial, pues golpeando a quienes son oposición creen que acrecentarían su clientela.

En consecuencia lo que ahora escupen hacia arriba esos zalameros podría caerles en pleno rostro, en poco tiempo.

Y más cuando hablan de atribuciones sin saber a ciencia cierta qué dice la legislación al respecto.

¿Acaso nunca han consultado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

Ahí claramente se establece la responsabilidad de cada nivel de Gobierno.

 

Situación lastimosa

Junto al desempleo y la pobreza, es la inseguridad pública uno de los problemas que más lastiman a la sociedad.

El cáncer penetra hasta los rincones más apartados de la geografía estatal, evidenciando tropiezos en la materia. Paso a paso, el hampa ha sentado sus reales y defiende a sangre y fuego el territorio ‘conquistado’ mientras la autoridad federal hasta la fecha, no logra encontrar la fórmula para atenuar, al menos, ese lastre que atenta contra individuos y familias tanto en su patrimonio como en su integridad física y moral.

Ciudades y comunidades otrora pacíficas, han pasado a constituirse en espacios de alto riesgo donde sólo impera la ‘ley de la selva’, sin que exista poder humano capaz de restablecer el orden.

Por el contrario, es harto palpable el tropiezo de las estrategias para frenar los índices delictivos, como lo demuestran los acontecimientos que en la frontera han tenido lugar en los días más recientes; y eso permite suponer que se cometen en un marco de impunidad constituyendo, además, uno de los principales ingredientes que permiten su propagación.

En reiteradas ocasiones se ha comprobado que el hampa teje relaciones y logra penetrar las esferas encargadas de combatirla, lo que ha sido demostrado cuando se logra detener a facinerosos de alto rango, quienes muchas veces son servidores públicos en activo, lo fueron o sostienen relaciones de complicidad con los mandos encargados de la seguridad pública.

Es más, en el pasado reciente resultaba común enterarse de cómo delincuentes disfrazados de policías, mediante estipendio, lograban colarse a las mejores plazas –este mal quizá aún se practica–, a fin de estar cerca de los ‘señores’ y poder servirles adecuadamente.

Secuestros, violaciones, robos, tráfico y venta de estupefacientes, así como viles y cobardes asesinatos, forman parte de una larga lista de modalidades criminales que llenan a diario los espacios y tiempos de los medios de comunicación masiva y siguen al alza. Todo ello daña la credibilidad hacia las instituciones federales encargadas de la seguridad, hasta el grado de que la población agraviada ya exhibe hartazgo y miedo justificado.

Sólo cifras alegres y pretextos escuchamos por doquier por parte de los encargados de combatir el crimen, que, desafortunadamente, avanza a pasos firmes en nuestro país sin que logren detenerlo las autoridades responsables en la materia.

 

Tendencia a minimizar

Las declaraciones de altos funcionarios gubernamentales que tratan de minimizar el caso, podrían formar parte del guion al que hay que acudir frente a los acontecimientos de esta índole –lo entiendo perfectamente–, pero de ninguna manera se puede convenir que en ello vaya implícita la tentación de negar una realidad que se palpa a diario, como es la inseguridad pública.

Bajo esta óptica tendríamos que aceptar que los crímenes que se cometen diariamente en todo el país, en clara disputa entre mafiosos, son algo normal; “cosas naturales que no trastocan la vida de la gente y ocurren de  manera circunstancial”, como lo han sugerido funcionarios federales, aunque los sicarios tomen como escenario para dirimir sus desacuerdos las principales arterias de los municipios, carreteras y las poblaciones más recónditas.

Igual tendríamos que convencernos de que las armas y balas de grueso calibre –con que los hampones quitan la vida a personas, estén o no en el tejemaneje de la ‘maña’–, son artefactos que llegaron a sus manos de pura casualidad.

Sugerir esto, es como una aceptación tácita para que los encargados de la seguridad ciudadana se crucen de brazos y no vean ni oigan absolutamente nada que ponga en riesgo el trabajo que desempeñan.

Es, también, como una invitación abierta a vivir en la resignación e indolencia.

Entonces, ¿qué están esperando los funcionarios encargados de combatir en verdad a la delincuencia organizada?

 

Economía en picada

Aunque Andrés Manuel López Obrador se niega a reconocer que la economía nacional vive la peor crisis de su historia y que la reparación del daño no habrá de darse durante lo que resta a su régimen presidencial, hay analistas que sí saben del tema y a través de estudios objetivos, sin ningún tinte partidista ni ideológico, se han encargarlo de advertirle que hable con la verdad.

Que no trate de tapar el sol con un dedo. Sobre todo cuando aduce que los cerca de 130 millones de mexicanos estamos en recuperación y vendrán tiempos mejores.

Incluso, hay quienes adelantan que si este año no se revierte la tendencia negativa, México caería en un colapso económico, por lo que tendrían que tomarse otras medidas para tratar de mantener el barco a flote, como serían una drástica devaluación de nuestra moneda, la venta de más empresas (todavía) propiedad del Estado y/o un nuevo y mayor endeudamiento externo.

De otra forma, advierten expertos que trabajan como investigadores en algunas de las instituciones más destacadas del país, la economía nacional continuará en picada y el actual régimen presidencial, como los últimos ocho que lo antecedieron –encabezados por Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, estaría destinado al fracaso.

 

Excesos de gasto

La situación económica que padece México es, ciertamente, en buena parte consecuencia de la crisis mundial, pero igual contribuyen al quebranto el excesivo poder burocrático, la inversión especulativa, el gasto desorbitado de nuestros gobernantes y el pillaje de algunos funcionarios públicos que las últimas cuatro décadas han devaluado el peso en múltiples ocasiones –directamente o disfrazando el hecho con el deslizamiento de nuestra moneda frente a otras más fuertes, como el dólar y el euro–, convirtiendo el circulante en una divisa poco atractiva para el mercado mundial.

Y en efecto, aquí en México los programas económicos del Gobierno Federal han fracasado a pesar de tantos planes y estrategias sexenales; y han fracasado porque los servidores públicos han hecho con la riqueza nacional los que se les ha dado su regalada gana; porque han gastado ofensivas cantidades de dinero en los procesos electorales, en los viajes de funcionarios de alto pedorraje, en su promoción mediática y hasta en el sostenimiento de empresas fantasmas o, en el mejor de los casos, improductivas.

Un claro ejemplo de esto es que nos dicen que el petróleo es nuestro, cuando el llamado oro negro solamente ha enriquecido a determinados funcionarios. Y todo ese saqueo, obvio, lo han cubierto elevando impuestos, contratando deudas (interna y externa), fabricando dinero o de plano provocando inflación y devaluaciones.

Por eso la economía del país ha fracasado sexenio tras sexenio.

 

E-m@il:

jusam_gg@hotmail.com

 

Caminante no hay camino

Una buena cantidad de alcaldes –entre los que se cuentan Enrique Rivas Cuéllar (Nuevo Laredo), Maky Esther Ortiz Domínguez (Reynosa) y Xicoténcatl González Uresti (Victoria))–, han empezado a justificar sus tropiezos en la prestación de servicios públicos –recolección de basura, alumbrado, suministro de agua potable, drenaje, limpia de calles, avenidas y jardines, entre otros–, bajo el argumento de los recortes presupuestales.

Por eso no le extrañe que de Nuevo Laredo hasta Ciudad Madero el problema se extienda –aunque (éste) sea más notorio en las localidades que se distinguen por su elevado índice poblacional–, y no haya visos de solución, al menos hasta que los munícipes decidan ‘coger al toro por los cuernos’.

Es decir, cuando entiendan que lo más sencillo es ponerse a jalar en la prestación de servicios públicos antes que pensar en su promoción política y acrecentamiento de sus cuentas.

Sobre todo, considerando que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca muy en claro tiene que los ayuntamientos, en su ejercicio constitucional, están obligados a procurar servicios públicos de calidad por ser el reclamo más significativo de la población.

Y es el mejor conducto para que las autoridades municipales logren un buen entendimiento con ésta.

 

Cicuta

Sé bien que sin soporte alguno, aparecen opiniones mediáticas que en entredicho ponen al ejercicio periodístico y más a los profesionales de esta noble actividad.

Sin embargo, el caro lector bien ubica a los charlatanes de la pluma.

Y privilegia con su leída a los que sí razonan, piensan y no engañan al encabezar escritos para atrapar la atención.

En fin, todo es parte de la libertad de expresión, aunque haya casos que debieran avergonzar a quienes se autoproclaman periodistas.

 

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here