¿Militarización?

Golpe a golpe

 

¿Militarización?

+ Ante los ‘tumbos’ de la Guardia Nacional, actuarían las Fuerzas Armadas

+ La popularidad de Jaime Bonilla, poco le valió; y su período es de 2 años

+ Aumenta a siete número de gobernadores que buscan reciprocidad fiscal  

 

Por Juan Sánchez-Mendoza

 

Las tareas de seguridad pública en todo el país, según el decreto publicado el lunes que nos antecede en el Diario Oficial de la Federación, continuarán al mando de la Guardia Nacional, con todo y que ésta no ha podido reducir, desde su creación (febrero 28 de 2019), los índices de violencia, pese a los (+/-) 80 mil elementos que la integran.

Y ha fracasado, según se dice, porque la mayoría de sus efectivos son desecho de corporaciones aniquiladas como las policías Federal, estatales, ministeriales (otrora, judiciales), municipales y rurales, proclives a mantener nexos o ser parte de grupos delincuenciales. 

De ahí que en esta nueva etapa los ‘operativos fuertes’ corran a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército y la Marina, aunque solamente en apariencia asomen subordinadas a la Guardia Nacional que comandada el General Luis Rodríguez Bucio, ya que al menos las policías Militar y Naval, por su misma instrucción, nada más se reportan con su mando superior. Es decir, con los secretarios de la Defensa Nacional y Marina –el General Luis Cresencio Sandoval González y el Almirante José Rafael Ojeda Durán).

¿Y qué papel jugarían las corporaciones policiacas estatales y lo que resta de las municipales?

Hasta donde auguro tendrían que sujetarse a las nuevas instrucciones de los dos altos mandos de la Guardia Nacional –el operativo, a cargo de la milicia; y, el administrativo, de la Secretaría de Seguridad–, al menos hasta el 2024, de acuerdo al ordenamiento presidencial.

¿Esto significa una militarización?

En un plano utópico, sí; pero es el aspecto estricto, no, ya que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo –federal, estatal ni municipal–, por ahora, es de corte militar.

Así que no hay por qué alarmarse, todavía.

Y menos por los ‘tropiezos’ de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo Montaño.

Sin embargo, el decreto presidencial dispone que las fuerzas armadas, a partir del lunes (próximo pasado), patrullen y vigilen calles y avenidas, igual que a la sociedad en su conjunto, mientras que la Guardia Nacional capacita a sus elementos para accionar territorialmente.

Esta disposición, por supuesto, desagrada a los mandatarios estatales por prever que se trata del inicio de una movilización castrense, atentatoria, a todas luces, contra la soberanía de las entidades en su forma y acciones de Gobierno.

Hace un año (más/menos), cuando aún era gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas (‘Alito’) –el ahora dirigente nacional priista–, advirtió que la Guardia Nacional “bajo ninguna circunstancia debía ser clonada con las fuerzas armadas porque al hacerlo se conduciría a la militarización del país”.

Sugirió entonces formar policías, capacitarlos, ‘se llevan años, hay que tener claros los controles de confianza’, afirmó, en reunión de la CONAGO.

Y el tiempo le ha dado la razón (aclaro: no es santo de mi devoción).

Los mandatarios ahí reunidos, en aquél encuentro, coincidieron con él, seguramente, pero quizá desestimaron la advertencia, hasta que hoy están en riesgo de perder hasta la forma de garantizar seguridad con los cuerpos policiales estatales y municipales.

Desde hace días, se dejaron escuchar expresiones de inconformidad, ante el decreto, pero ciertamente la disposición es irreversible.

¿Lo que sigue es la militarización de México, so pretexto de que sean las fuerzas armadas quienes lleven a cabo las tareas de seguridad pública del país durante cinco años?

Así interpreta el grueso de la población el decreto de Andrés Manuel López Obrador.

Y por ahora reproduzco sólo sus puntos esenciales:

Primero: Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente acuerdo, realizará las funciones que se le asignen…

Tercero: En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.

Cuarto: Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional.

Quinto: Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.

¿Entonces dónde queda la autonomía de los estados?

Es simple pregunta.

E-m@il:

jusam_gg@hotmail.com

 

Caminante no hay camino

Era de esperarse el fracaso de la ‘Ley Bonilla’.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) simplemente acató la disposición jurídica.

Y echó por tierra la ambición política del mandatario bajacaliforniano.

Él fue electo para cumplir un período gubernamental de dos años –sin derecho a reelección–, acorde al marco legal electoral del estado. Pero se quiso pasar de listo al promover con la connivencia del Congreso estatal la ampliación de su período, hasta por cinco años.

Cierto es que en Tijuana (su tierra natal) goza de muchos adeptos. No así en los otros cuatro municipios del estado: Mexicali (la capital), Rosarito, Ensenada y Tecate.

En la comarca sureña californiana (Estados Unidos), el ingeniero igual cuenta con gran cantidad de amigos.

También en el norte, centro y sur de México.

Se le quiere y se le admira por ser producto del esfuerzo –como lo fue su amigo Luis Donaldo Colosio–, hasta el grado de apoyarlo la sociedad, y sus simpatizantes, con miles de votos en su incursión en política.

Ha sido diputado, senador y hoy mandatario estatal.

Él sabía que al jugar por la gubernatura de dos años no tendría mayor posibilidad de extender su mandato en caso de ganar, como fue, pero toda vez que alcanzó el triunfo alguno de sus asesores lo ‘convenció’ de ajustar el marco jurídico para extender su período a cinco años, lo que no lo exime de responsabilidad.

 

Se hace camino al andar

El grupo de gobernadores que reclaman a la Federación reciprocidad fiscal y recursos para enfrentarla emergencia sanitaria, ya involucra a siete, pues a su asamblea más reciente, desarrollada en Morelia (Michoacán), se unió el mandatario de Coahuila y el de Jalisco envió un representante.

Durante el encuentro, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, refrendó que estas reuniones de trabajo buscan garantizar a los estados participantes lo que por ley y derecho les corresponde, en materia de salud, economía y reciprocidad fiscal por parte de la Federación, ante la emergencia sanitaria.

“Nunca vamos a pedir nada que por ley y por derecho no le corresponda a nuestros estados. Estas reuniones no tienen el fin de estar contra alguien, sino que estamos en favor de nuestros estados para garantizar y cuidar la soberanía de las entidades que cada uno de nosotros representa”, dijo.

También comentó que para reactivar la economía es necesario generar certidumbre para la inversión, en lugar de echar mano de los fondos nacionales o la cancelación de proyectos y programas estratégicos para las entidades, a fin de enfrentar el impacto negativo de la pandemia en la economía nacional.

Advirtió: “Vamos a seguir utilizando todos los instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance, porque es parte de nuestra esencia garantizar sacar adelante a nuestros estados.

“La pregunta es ¿qué va a pasar después? No se están alentando los proyectos productivos, la inversión extranjera; se están frenando muchos proyectos como los eólicos en nuestros estados. No vemos que se genere certidumbre y confianza para que llegue la inversión”.

En la reunión de trabajo también participaron Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), Miguel Riquelme Solís (Coahuila), José Rosas Aispuro (Durango) y José Ignacio Peralta (Colima); además Enrique Ibarra Pedroza, secretario General del Gobierno de Jalisco, en representación del mandatario Enrique Alfaro Ramírez.

Acordaron trabajar sobre una agenda de salud, reactivación económica y atención a la pobreza.

Acordaron trabajar sobre una agenda de Salud, reactivación económica y atención a la pobreza.

Para elaborarla conformarán grupos de trabajo, cada uno dirigido por un gobernador y sobre los siguientes ejes:

+ Construcción de una nueva normalidad, en medio de una epidemia todavía activa;

+ Reactivación económica por etapas y prioridades;

+ Protección prioritaria a grupos vulnerables;

+ Viabilidad financiera de los estados.

+ Adoptar un protocolo general de Salud, el cual contempla una reapertura gradual en función de la capacidad hospitalaria, la aplicación de protocolos sanitarios por sector de actividad económica, así como la coordinación entre estados para la apertura sincronizada de sectores con cadenas de valor compartidas, siempre considerando la responsabilidad con la salud y la vida de los ciudadanos.

+ No iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares; y en los casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o virtuales, se buscará la implementación de algún mecanismo que le permita a los niños y niñas no estar en desigualdad para el acceso a contenidos educativos.

Los gobernadores manifestaron su desacuerdo con la Federación por la cancelación unilateral de los convenios entre ambos niveles de gobierno, que estaban vigentes y en pleno ejercicio para este año 2020, entre ellos, el del Servicio Nacional del Empleo.

Igual acordaron continuar con la construcción de la ruta legal para presentar, la próxima semana, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la Emergencia Sanitaria, y los cuales no estaban previstos en sus ejercicios fiscales para el 2020.

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